La familia, siempre crítica de las condenas, se muestra aliviada por el cierre del ciclo judicial y además se enfrenta al desafío de superar el impacto emocional y psicológico del secuestro.
Juan Dabed, padre del menor secuestrado en octubre pasado, se refirió al pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de La Serena, que rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de F.H.A.B., condenado por los delitos de sustracción de menor de edad y tenencia ilegal de arma de fuego.
“La verdad es que ya damos nosotros por cerrado este tema judicial con este recurso y descansamos porque ha sido extremadamente agotador como familia, todo este tiempo del juicio que ha sido bastante largo, con hartas incidencias, nulidades, recursos, así que por lo menos esto nos da un respiro y un descanso”, declaró Dabed.
Corte de Apelaciones
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad debido -según señaló la corte a través de un comunicado a un defecto evidente en el petitorio “la defensa invoca causales de nulidad que pretenden invalidar el juicio y al mismo tiempo que se emita una sentencia de reemplazo, lo que importa un evidente defecto en el petitorio del recurso presentado, que lo torna inviable.”
La defensa alegó que la sentencia no presentó las consideraciones necesarias para justificar la calificación jurídica de los hechos y para descartar la figura del secuestro. Sin embargo, la Corte observó que estos elementos sí estaban presentes en la sentencia. El fallo señala que el recurso incurre en “defectos en la fundamentación de los motivos de nulidad considerando que el recurrente expuso al sostener la primera causal de nulidad que la sentencia omite exponer las consideraciones pertinentes para fundar la calificación jurídica atribuida a los hechos y para descartar la figura del secuestro, sin embargo, reconoce en diversos pasajes de su libelo, que dicha fundamentación en realidad sí existe en la sentencia.”
En relación a la segunda causal de nulidad, la defensa alegó una errónea calificación jurídica. El fallo indica que “uno de los errores en la aplicación del derecho en que habría incurrido la sentencia consistiría en la errónea calificación jurídica del delito, sin realizar argumentación alguna al respecto ni citar la normativa que habría sido infringida, no obstante, lo cual igualmente se solicita emitir una sentencia de reemplazo que califique los hechos como un delito de secuestro.”
Finalmente, la Corte determinó que la sentencia original cumplía con los requisitos formales y que la pena impuesta estaba dentro del marco legal aplicable a los delitos. El ministro Díaz Figueroa explicó que “la sentencia cumplía con los requisitos formales que fueron cuestionados y que también la pena había sido ajustada a lo que establece el marco legal aplicable a los delitos, bastante graves, que se establecieron en la sentencia que fue recurrida.”
Intentaremos continuar con nuestras vidas
Dabed expresó su conformidad parcial con el cierre del ciclo judicial, aunque insatisfecho con las penas asignadas. “Si bien no se ha logrado las penas que nosotros esperábamos se hizo por lo menos justicia. Como familia no vamos a estar nunca conforme con las penas asignadas, porque esperábamos mayores penas por el tipo de delito que se cometió”, afirmó.
Con el cierre del juicio, Dabed menciona que la familia puede intentar continuar con sus vidas, aunque el proceso de recuperación para su hijo será largo. “Dentro de todo estamos tranquilos porque ya se logró cerrar este ciclo judicial y podemos continuar dentro de lo posible con nuestras vidas, aunque obviamente a mi hijo le va a costar bastante porque son años para que pueda recuperarse desde los impactos psicológicos que este delito le causó.”
DISCONFORMIDAD
Ya en mayo cuando se conocieron las condenas el padre del menor ya había manifestado su insatisfacción con las sentencias impuestas a los responsables del delito. Dabed criticó los 20 y 15 años de condena que recibieron los adultos involucrados, P.A.J.V. y F.H.A.B., respectivamente, considerando que estas penas están muy por debajo de los 30 a 40 años que él y su familia esperaban. Además, expresó su preocupación por las penas impuestas a los menores, con la condena de 5 años para una de las adolescentes y 3 años con beneficios de libertad para la otra, considerando estas sanciones insuficientes para la gravedad del delito.
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