El alcalde Denis Cortés Aguilera deberá acatar la orden judicial de reincorporar al trabajador, además de pagarle los cerca de dos años y medio desde que fue injustamente despedido.
Tuvieron que pasar 4 procesos, entre contraloría y tribunales que fueron zanjados el jueves por la Corte Suprema, equivalentes a 2 años y medio de angustia, impotencia y muchos problemas económicos, para que Esteban Contreras, trabajador de la Escuela Juan Carrasco Risco haga valer su posición: Su despido fue injustificado y el alcalde debe obedecer las reiteradas órdenes de reincorporarlo, tal como había sido mandatado en todas las instancias que antecedieron a la Corte Suprema.
El nochero de Escuela Juan Carrasco Risco relata cómo ha sobrevivido durante este largo proceso “haciendo pololos por aquí por allá, tratando de salir adelante” nos comenta, agregando que en lo sicológico no ha sido sencillo “en lo emocional mal, porque afecta que te dejen sin una fuente de trabajo dónde hay hijo, donde hay que ver de donde sacar para llevar al hogar”.
DESPIDOS MASIVOS AL PRINCIPIO DEL PERIODO ALCALDICIO
Esteban se desempeñó hasta febrero de 2022 como nochero, fechas en que el alcalde Denis Cortés Aguilera -lejos de los tiempos de campaña- llevaba recién 10 meses al mando de la municipalidad local, contexto en que despidió a 43 trabajadores de la educación pública, 13 de ellos nocheros como Esteban.
De estos trabajadores, varios apelaron a contraloría, organismo en la totalidad de los casos se pronunció en favor de los docentes y asistentes de la educación. Según la contraloría ninguno de los despidos se ajustaba a la normativa.
Por alguna razón Esteban, fue el único que no pudo volver a sus funciones, razón por la que la dirigente de los funcionarios de la educación municipal consideraron la serie de recursos contra Esteban, como empecinamiento y tozudez “la situación experimentada por Esteban refleja la vivencia de muchos, ya que, la desvinculación de funcionarios de establecimientos educacionales de la municipalidad, incluyendo los jardines Infantiles municipales, fue una decisión tomada sin un análisis profundo de sus efectos en la educación municipal, pues la contraloría y la justicia, fueron categóricos en señalar que la forma de despido fue ilegal, no ajustándose a derecho, es decir, vulnerando los derechos de las y los trabajadores. En el caso particular de Don Esteban, fue su persistencia la que logró revertir su situación. Convencido que era injusto lo que estaba sufriendo” explicó Mónica Salinas, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Educación Municipal de Illapel, ATEMUI.
CÁMARAS DE SEGURIDAD Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
Esteban fue despedido porque sus servicios quedarían obsoletos debido a que se instalarían cámaras de seguridad, no obstante, estas recién comenzaron a funcionar en abril de 2023, es decir un año después.
La otra razón que esgrimió fue que debido a una baja en las subvenciones y la sobrecontratación de trabajadores se debía tender al equilibrio presupuestario “con la finalidad de mantener un sano equilibrio presupuestario debido a la disminución de la subvención de educación, así como mayores gastos, y la existencia de una sobredotación de docentes y asistentes a la educación, tuvo que recurrir a la decisión de poner término a la relación laboral de cerca de 39 personas” explicó el documento que ingresó a la Corte de Apelaciones de La Serena, la propia Municipalidad de Illapel.
La concejala Janet Araya, denunciante del hecho explicó que debió recurrir a Contraloría ante la negativa del alcalde de cumplir la orden de reintegrar al trabajador “Ante el incumplimiento de reintregrarlo, presenté varios oficios (…) en su mayoría los oficios no tuvieron respuesta de la municipalidad, por lo cual procedí a remitir los antecedentes a la Contraloría, frente a esto Contraloría nuevamente indicó que no encontrándose acreditado los hechos que invocaba como fundamento del cese del contrato, esta municipalidad debería reincorporar al recurrente y pagarle toda la remuneraciones correspondientes al tiempo que permaneció separado de sus labores” Araya finalmente festejó el dictamen de Contraloría “Esto se llama justicia ante las injusticias que comete esta administración”.
Unas bonitas fiestas patrias tendrá Esteban, es que después de lo vivido, donde incluso fue acusado de robo, la justicia no solo ordenó la reincorporación, sino que también que reciba todo lo que debió recibir durante esto casi dos años y medio: 30 sueldos, todas las imposiciones, vacaciones, bonos y beneficios.
LA CORTE SUPREMA
Pero ¿cómo se llegó a la Corte Suprema?. Luego de 3 derrotas en Contraloría, la administración de Denis Cortés Aguilera, optó por una osada estrategia: este 25 de enero presentaron una recurso de protección contra la Contraloría para evitar re incorporar a Esteban. Definitivamente para la Municipalidad de Illapel la contraloría excedía sus poderes “se interpone la presente acción constitucional, para que S.S:, Iltma, conociendo de ésta, reestablezca el imperio del derecho, ordenando a la Contraloría Regional de Coquimbo, proceda acoger la solicitud de invalidación por cuanto carece de facultades legales para disponer la revocación o sostener la invalidez de los actos administrativos del municipio, cuestión reservada a los Tribunales Ordinarios de Justicia” versaba el argumento que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de La Serena. A esta altura la Municipalidad de Illapel debía litigar incluso contra el Consejo de Defensa del Estado.
No conformes con esta nueva derrota y aun con objetivo de impedir el retorno de Esteban a su trabajo, la Municipalidad de Illapel acudió a la Corte Suprema donde el recién pasado jueves 29 de agosto se volvió a decir lo que se dijo la primera vez: Esteban debe ser reincorporado.
ABOGADO DEFENSOR
“La Corte Suprema confirmó el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, el cual rechazó el recurso de protección presentado por la I. Municipalidad de Illapel, el cual buscaba dejar sin efecto la orden de reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo” aclaró el abogado defensor del trabajador, Alonso Soto de La Fuente.
El profesional también describió cómo se ha desenvuelto la municipalidad durante este proceso administrativo y jurídico “ha existido una resistencia permanente de la Municipalidad de Illapel a dar cumplimiento a lo resuelto por Contraloría General de la República, en sendos pronunciamientos, lo que incluso generó la instrucción de un sumario administrativo por parte del Ente de Control toda vez que no se acreditaron los hechos que se han invocado como fundamento del cese del contrato del señor Contreras Frez, por lo que procedió que la Municipalidad de Illapel lo reincorpore, pagándole las remuneraciones correspondientes al tiempo en que haya permanecido separado de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una situación de fuerza mayor, que no le es imputable”.
Finalmente el abogado explicó “en el aspecto jurídico, razona el fallo de la I. Corte de Apelaciones que, del mérito de autos y la revisión de los documentos anexados, es posible concluir que efectivamente la Municipalidad recurrente pretende, mediante esta acción excepcional, dejar sin efecto los actos administrativos que provocaron la invalidación de un decreto de la misma, que desvinculaba a un trabajador municipal”
Ante dicho resultado, la Municipalidad decidió apelar la decisión ante la Excma. Corte Suprema la cual confirmó lo resuelto por la Corte de La Serena en cuanto a que la I. Municipalidad de Illapel debe proceder a la reincorporación de trabajador”.
MENOS RECURSOS PARA LOS ILLAPELINOS
La concejala Janet Araya, también se refirió a cómo una mala decisión de la autoridad local afecta a toda la comuna “al final la municipalidad debe hacer el pago Justo a Esteban, sin embargo este pago es por un mal despido y la tozudez, que conllevan a generar un detrimento patrimonial, que está definido como una lesión al patrimonio público es decir, esto conlleva a pérdida a a un deterioro de los recursos públicos municipales de los cuales, el alcalde debe dar cuenta la ciudadanía”.
Esteban Contreras finalmente señala “al final la contraloría y la corte de apelaciones tenían razón y ahora la corte suprema ratificó todo lo que hoy en día se sabe ya que esto ante los tribunales es cosa juzgada”.
El trabajador ya se reunió con la autoridad comunal y al fin posee fecha para retomar sus funciones, no obstante el Municipio solo ofrece reincorporarlo a contrata y pagar la millonaria deuda en cuotas. Desde su defensa rechazan la propuesta contractual y económica.
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Abogado Alonso Soto dela Fuente