La querella de Minera Los Pelambres en Valle Camisas marca un nuevo capítulo de tensión ambiental y política en Salamanca. Vecinos, autoridades y la compañía se enfrentan tras incidentes de relaves y bloqueos de caminos.
El conflicto socioambiental en el Valle Camisas, comuna de Salamanca, lleva más de tres semanas y refleja la tensión histórica entre Minera Los Pelambres y comunidades del Choapa. Lo que comenzó con un desperfecto en el sistema de transporte de relaves el pasado 23 de julio derivó en bloqueos de caminos, denuncias vecinales por el agua, Escrito Querella y un debate político que hoy tiene en el centro al alcalde Carlos Lillo Álamos.
Desde la minera del grupo Luksic señalan “Las querellas interpuestas por la Compañía, responden a la toma de caminos lo que es un acto ilegal que impide el acceso a las piscinas de emergencia y, con ello, poder ejecutar el plan de vaciado de las mismas”
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Historial de acciones judiciales de Minera Los Pelambres contra vecinos del Choapa
Desde Caimanes hasta Valle Camisas, pasando por Cuncumén, Choapa Viejo y Pupío, Minera Los Pelambres (MLP) ha recurrido a tribunales con querellas penales, recursos de protección y demandas civiles.
Antecedentes recientes: dos incidentes previos
La movilización comunitaria no surge en el vacío. En menos de tres meses, Minera Los Pelambres reconoció dos incidentes operacionales que encendieron alertas en la provincia.
El primero ocurrió el 13 de mayo de 2025, cuando un rebose desde la cámara de relaves obligó al uso de piscinas de emergencia en Quelén. Vecinos de Quelén Alto fueron los primeros en advertir el hecho, varias horas antes de que la empresa emitiera un comunicado oficial que no precisó volumen derramado ni área afectada.
Nota completa en Veetv: Derrame de relave obliga a MLP a usar piscinas de emergencia en Quelén.
El segundo incidente fue el 23 de julio de 2025, cuando se registraron dos roturas del Sistema de Transporte de Relaves en las faenas de Chacay. La compañía informó que una parte del material fue derivada al tranque de relaves Los Quillayes y otra a las piscinas de emergencia de Quelén y Camisas. La información oficial se conoció cuatro horas después de ocurrido el evento.
Detalles en Veetv: Minera Los Pelambres enfrenta doble rotura del sistema de relaves.
Estos antecedentes ayudan a explicar la desconfianza que persiste en comunidades que recuerdan, además, la filtración reconocida en 2021 por la Superintendencia de Medio Ambiente en el río que abastece a sistemas de Agua Potable Rural.
Del incidente al bloqueo
Tras el evento del 23 de julio, habitantes de El Palquial, El Arrayán, Colliguay y Peladeros conformaron una “Asamblea Territorial” y bloquearon la Ruta D-847, único acceso a las piscinas TK-10 y TK-11. Actas notariales levantadas en Illapel certificaron la presencia de unas 24 personas y la obstrucción del tránsito.
La minera respondió con una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Illapel contra seis dirigentes y todos quienes resulten responsables, acusándolos de interrupción de la libre circulación y desórdenes públicos. El escrito solicita formalización y eventual juicio oral con penas máximas.
El petitorio y la polémica de los $30 millones
En sus primeras versiones, el petitorio comunitario incluía filtros para los sistemas APR, monitoreos certificados y una compensación de 30 millones de pesos por familia. El punto económico generó críticas y fue rechazado por la compañía.
El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo Álamos, explicó luego que esa exigencia fue retirada. En entrevista con el comunicador social Roberto “Peluche” Dueñas, en Mi Radio de La Serena, señaló: “Ese petitorio cambió, obviamente ese punto y se estaban pidiendo otras cosas que eran mesas de trabajo con la compañía”. La comunidad habría ajustado su posición tras conocer análisis de agua presentados por la empresa y por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que concluyeron que no existe contaminación en el Valle Camisas.
El rol político del alcalde
El alcalde, independiente y con pasado como seremi en el Gobierno de Sebastián Piñera, asumió un papel protagónico que desató debate. En la misma entrevista afirmó: “Yo estoy con mi gente, con el valle de Camisas”, defendiendo la movilización pese a la ilegalidad del corte de camino.
La declaración fue cuestionada en vivo: “No existen tomas pacíficas, todo cierre de camino es ilegal”, replicó Dueñas. El cruce dejó en evidencia el dilema de la autoridad local entre respaldar a sus vecinos o ceñirse estrictamente a la legalidad. Más polémica generó cuando se le consultó si ofreció abogados municipales a los manifestantes. Lillo respondió: “Los abogados del municipio están a disposición de cualquier habitante de la comuna de Salamanca”, frase que abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en un conflicto particular contra la minera.
Testimonios y registros comunitarios
Los vecinos insisten en que los daños son reales y se arrastran desde hace años. Un habitante que se comunicó con este medio afirmó: “Cómo no hay daño, si nos tienen tomando agua desde camiones aljibes hace 4 años. Hace más de 3 meses que esos camiones circulan sin certificación. El agua sale con espuma. Dependemos 100% de los camiones porque nos clausuraron el pozo en 2021 debido a la filtración”.
A ello se suman registros audiovisuales difundidos en la zona. En ellos se observan patos nadando en un depósito de relave, además de filtraciones denunciadas en mayo mediante una cámara de despiche. “Ya no son piscinas de emergencia, son depósitos permanentes”, acusaron los vecinos.
Escenario en terreno
Ayer, lunes 18 de agosto de 2025, la Ruta D-847 fue despejada y el tránsito quedó restablecido. Sin embargo, el sector se mantiene bajo resguardo de Carabineros. “Carabineros están en Colliguay, pasando por los eucaliptos, y se van moviendo de arriba hacia abajo. Es como si fuéramos delincuentes”, comentaron habitantes del valle, interpretando la presencia policial como una forma de criminalización.
Un conflicto abierto
El escenario sigue siendo incierto. Mientras la empresa insiste en que las piscinas de emergencia son seguras y que su uso fue informado a la comunidad y a las autoridades, los habitantes mantienen sus dudas, reforzadas por los antecedentes de 2021 y por su dependencia absoluta de camiones aljibes.
La eliminación del punto económico en el petitorio no ha resuelto la desconfianza, y el quiebre de la mesa de diálogo dejó a las partes enfrentadas en tribunales. En el centro, el alcalde Lillo enfrenta críticas por su aparente respaldo a acciones ilegales y por la polémica en torno a la asesoría legal municipal.
El desenlace dependerá de la capacidad de recomponer instancias de diálogo y de la validación independiente de los estudios ambientales. De no ocurrir, el caso del Valle Camisas puede transformarse en un nuevo símbolo de la tensión entre la gran minería y las comunidades del Choapa.
