La jueza Andrea Rojas sostuvo que existen antecedentes de una estructura organizada que habría afectado la seguridad del Centro de Detención Preventiva de Illapel. Parte de las defensas cuestionó la evidencia presentada por la Fiscalía.
Siete de los 11 imputados en la Operación El Dorado fueron enviados a prisión preventiva luego de que el Juzgado de Garantía de Illapel acogiera parcialmente la solicitud presentada por la Fiscalía. La causa investiga una presunta organización que habría operado desde el interior del recinto penitenciario local y contempla delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos al recinto penitenciario.
Jueza advierte peligro para la seguridad de la sociedad
Al fundamentar la resolución, la magistrada Andrea Rojas sostuvo que “nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel”, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado.
La jueza agregó que la pluralidad de delitos imputados, la gravedad de las penas asociadas y el presunto uso de funciones públicas configuraban “un estándar normativo objetivo de peligro para la seguridad de la sociedad”, razón por la cual decretó la prisión preventiva de siete imputados.
La resolución también abordó la situación de las imputadas vinculadas al tráfico de drogas. En ese punto, la magistrada descartó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, señalando que mantenerlas en los mismos inmuebles donde, según la investigación, funcionaban centros de acopio y dosificación, resultaba “del todo insuficiente” para evitar que siguieran operando como foco de abastecimiento de la red.
Fiscalía destaca evidencia reunida durante una investigación iniciada en 2024
Tras la audiencia, el fiscal Ricardo Soto valoró la decisión del tribunal y remarcó que “todas las personas formalizadas han quedado bajo medidas cautelares”, aunque con diferencias según los delitos que el tribunal tuvo por acreditados respecto de cada imputado.
El persecutor explicó que “es una investigación que empezó el año 2024 por la Fiscalía Local de Illapel y que posteriormente fue asumida por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad de la Fiscalía Regional”.
Durante las dos jornadas de formalización, la Fiscalía presentó distintos antecedentes para respaldar las imputaciones. Soto detalló que se exhibieron “videos, fotografías, escuchas telefónicas, transferencias electrónicas y una serie de antecedentes” para acreditar los delitos formalizados.
El fiscal añadió que la investigación sigue abierta, con evidencia pendiente en teléfonos celulares y otros soportes, por lo que “el día de mañana pueden variar las circunstancias”.
Defensas cuestionan la prueba y anuncian apelaciones
Las defensas coincidieron en cuestionar la suficiencia de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, especialmente respecto de la acreditación de delitos como tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal. Aunque no todos los imputados quedaron en la misma situación procesal, los abogados apuntaron a la falta de evidencia material directa, anunciaron apelaciones y plantearon que el tribunal no acogió íntegramente la tesis de la Fiscalía.
El defensor Carlo Silva, representante de cuatro funcionarios de Gendarmería, cuestionó la resolución y anunció que recurrirá ante la Corte de Apelaciones. A su juicio, no existen antecedentes suficientes para acreditar el delito de tráfico de drogas, afirmando que “a ninguno de mis defendidos se le encontró un gramo de droga” en sus domicilios, pertenencias o lockers institucionales.
Silva también sostuvo que “no está acreditado un ingreso de droga en un día, en una hora, en un lugar determinado”, por lo que calificó la resolución como “altamente impugnable”.
Una postura distinta expuso la defensora Patricia Flores, quien representó a uno de los funcionarios de Gendarmería que no quedó en prisión preventiva. La abogada señaló que el tribunal acogió su planteamiento al estimar que su representado no tenía participación en los delitos más graves, como asociación criminal y tráfico de drogas, quedando sujeto a arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.
Según indicó Flores, la discusión defensiva estuvo marcada por la falta de evidencia material directa, ya que “no había mucha evidencia material” que estableciera fechas, cantidades o especies asociadas específicamente a cada imputado.
Desde la Defensoría Penal Pública, Osvaldo Aliaga, representante de imputados civiles, también cuestionó la suficiencia de los antecedentes presentados por el Ministerio Público. Respecto de Claudio Calderón, quien quedó en prisión preventiva, sostuvo que la defensa analizará la resolución, ya que considera que “la evidencia presentada por el Ministerio Público es insuficiente” para justificar la medida cautelar más intensa del sistema penal.
Finalmente, el defensor privado Pedro Prado señaló que su representada quedó en prisión preventiva, aunque el tribunal no acogió completamente la tesis del Ministerio Público respecto de ella. El abogado indicó que “no se logró acreditar el delito de asociación criminal” en su contra, por lo que adelantó que presentarán una apelación ante la Corte de Apelaciones de La Serena.
La presunta estructura que habría operado desde la cárcel de Illapel
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la formalización, la investigación apunta a una presunta estructura integrada por internos, proveedores externos y funcionarios penitenciarios que habrían coordinado el ingreso de drogas y elementos prohibidos al Centro de Detención Preventiva de Illapel.
Según la Fiscalía, algunos de los imputados cumplían distintos roles dentro de la organización, incluyendo la obtención, traslado, recepción y distribución de sustancias ilícitas, además del ingreso de teléfonos celulares y otros artículos restringidos.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que la red habría operado utilizando comunicaciones telefónicas, intermediarios y transferencias de dinero para facilitar las transacciones investigadas. Durante la audiencia también se expusieron antecedentes relacionados con presuntos actos de cohecho, lavado de activos e ingreso clandestino de tecnología al recinto penal.
Investigación continuará durante los próximos 120 días
El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Durante ese período, la Fiscalía continuará con el análisis de evidencia digital y otras diligencias pendientes, mientras las defensas preparan recursos para intentar modificar las medidas cautelares decretadas.
La causa seguirá radicada en una etapa inicial del proceso penal, por lo que los hechos formalizados aún deberán ser investigados y eventualmente discutidos en nuevas audiencias.
