La investigación comenzó en 2024 en Illapel y tendrá un plazo inicial de 120 días para desarrollar nuevas diligencias.
Siete de 11 formalizados quedaron en prisión preventiva en la investigación vinculada a la Operación El Dorado, causa asociada al Centro de Detención Preventiva de Illapel. El fiscal Ricardo Soto explicó que el tribunal tuvo por acreditados delitos respecto de todos los imputados, tras ponderar videos, fotografías, transferencias electrónicas e interceptaciones telefónicas presentadas en audiencia.
Tras la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Illapel, Soto señaló que el Ministerio Público quedó conforme con la resolución, aunque había pedido una medida más gravosa para la totalidad de los formalizados. “Nosotros habíamos pedido la prisión preventiva de 11 personas”, indicó, pero sostuvo que “el tribunal ha ponderado los antecedentes y ha fundamentado su resolución”.
El fiscal precisó que la decisión judicial dejó a todos los imputados sujetos a control cautelar. “Siete personas quedaron en prisión preventiva”, afirmó. Respecto del resto, explicó que “todos los demás quedaron con arresto domiciliario total y una mínima parte con arresto domiciliario nocturno”, recalcando que “todas las personas formalizadas han quedado bajo medidas cautelares”.
Soto también enfatizó que la resolución tuvo por acreditados varios ilícitos en esta etapa del proceso. “El tribunal respecto de las 11 personas tuvo por acreditados más de un delito”, señaló. En ese contexto, agregó que incluso respecto de uno de los gendarmes que no quedó en prisión preventiva se tuvo por acreditado el delito de cohecho y el ingreso no autorizado al recinto penal de Illapel.
Durante los dos días de audiencia, la Fiscalía expuso videos, fotografías, transferencias electrónicas e interceptaciones telefónicas, además de otros antecedentes vinculados al ingreso de elementos prohibidos al recinto penitenciario. Según Soto, esos elementos fueron considerados por el tribunal para resolver las medidas cautelares y sostener la acreditación inicial de los delitos formalizados.
El persecutor agregó que la investigación comenzó en 2024 en la Fiscalía Local de Illapel y luego fue asumida por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Coquimbo. El plazo fue fijado en 120 días y, según advirtió, “en el futuro” podrían reformalizar “con más delitos o a más personas”, dependiendo del análisis de nuevos antecedentes.
