El informe de la Contraloría General de la República sobre fiscalización minera 2022–2024 identificó 7.150 faenas sin control por más de dos años a nivel nacional, 1.863 de ellas en la Región de Coquimbo, junto con una disminución sostenida en la cobertura del Servicio Nacional de Geología y Minería.
Un informe de la Contraloría General de la República evidenció una disminución sostenida en la fiscalización minera realizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería entre 2022 y 2024, con 7.150 faenas sin control por más de dos años, calificadas como “riesgo crítico”, incluidas 1.863 ubicadas en la Región de Coquimbo.
Disminución sostenida de fiscalización minera
El 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría señala que durante el período 2022–2024 se realizaron 43.595 fiscalizaciones mineras a nivel nacional, con una cobertura promedio de 20%. El informe detalla una baja progresiva en los niveles de control, que pasaron de 25% en 2022 a 21% en 2023 y 14% en 2024.
Faenas sin control calificadas como riesgo
El documento identifica un total de 7.150 faenas que no fueron fiscalizadas por más de dos años, situación que el organismo contralor califica como “riesgo crítico”. La mayor concentración de estas faenas se registra en Atacama, Coquimbo y Valparaíso, regiones que concentran parte relevante de la actividad minera del país.
Brecha regional en cobertura fiscalizadora
En términos de cobertura, Atacama, Arica y Parinacota y Valparaíso presentan los niveles más bajos, con porcentajes entre 13% y 14%. En contraste, Magallanes, Maule y Los Lagos superan el 40%. La Contraloría advierte que estas diferencias no se condicen con la distribución territorial de las faenas mineras.
Sobrecarga y desigualdad de fiscalizadores
El informe consigna que Sernageomin cuenta con 105 fiscalizadores a nivel nacional. En regiones como Atacama y Coquimbo, cada funcionario debe supervisar entre 490 y 800 faenas, mientras que en zonas del sur la carga es inferior a 10. Esta desigualdad evidencia una brecha entre la capacidad operativa y el volumen de faenas a fiscalizar, por lo que se instruye priorizar zonas de alta concentración minera, reasignar recursos humanos y fortalecer el rol fiscalizador del servicio.
